Violencia doméstica
01/05/2024
Violencia doméstica
01/05/2024

Violencia de Género

Ley contra la violencia hacia las mujeres basadas en género

Existe en Uruguay la Ley 19.580 que tiene como objetivo garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en genero. Esta Ley estableciendo medidas y políticas de prevención, protección, sanción y reparación.

Definición de violencia hacia las mujeres basada en género

Es toda conducta cometida por particulares, instituciones privadas o agentes del Estado, que sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tiene como fin o resultado disminuir o anular los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres.

Se trata de una forma de discriminación que afecta la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica y la seguridad personal de las mujeres.

Distintos tipos de violencia

  • Violencia física: causar daño corporal.
  • Violencia psicológica o emocional: perturbar, degradar o controlar el comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante la humillación, intimidación, aislamiento, entre otras.
  • Violencia sexual: vulnerar el derecho de una mujer a decidir voluntariamente sobre su vida sexual o reproductiva, mediante amenazas, uso de la fuerza o intimidación. Incluyendo: La violación dentro del matrimonio o de otras relaciones, exista o no convivencia. La transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual. La prostitución forzada y la trata sexual. La implicación de niñas, niños y adolescentes en actividades sexuales con un adulto o con cualquier otra persona que se encuentre en situación de ventaja frente a ellos (ej. edad). Son formas de violencia sexual: el abuso sexual, la explotación sexual y la utilización en pornografía, entre otras.
  • Violencia por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad de género o expresión de género: reprimir o condenar a alguien por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
  • Violencia económica: controlar los ingresos económicos de una mujer con el fin de afectar su autonomía; incluye la negación al pago de obligaciones alimentarias.
  • Violencia patrimonial: afectar la libre disposición del patrimonio de una mujer, por ejemplo, mediante la destrucción de documentos.
  • Violencia simbólica: se ejerce mediante mensajes, símbolos, íconos, imágenes, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas que transmiten relaciones de dominación, desigualdad y discriminación, contribuyendo a ver como natural la subordinación de las mujeres.
  • Violencia obstétrica: afectar la libertad de decisión sobre su cuerpo o el abuso de técnicas y procedimientos invasivos por parte del personal de la salud en los procesos reproductivos.
  • Violencia laboral: dificultar el acceso de una mujer al trabajo, el ascenso o estabilidad en el mismo. El acoso moral, el sexual, imponer requisitos sobre el estado civil, edad, apariencia física, solicitud de exámenes clínicos o disminución del salario.
  • Violencia en el ámbito educativo: ejercer, en una relación educativa y con abuso de poder, violencia contra una mujer por su condición de tal. Incluyendo el acoso sexual.
  • Acoso sexual callejero: todo acto de naturaleza o connotación sexual ejercido en espacios públicos en contra de una mujer sin su consentimiento.
  • Violencia política: presionar, perseguir o agredir a una mujer candidata, electa o en ejercicio de la representación política, o a su familia, para impedirle o restringirle el libre ejercicio de su cargo.
  • Violencia mediática: publicar o difundir mensajes e imágenes en medios masivos de comunicación que promuevan la explotación de las mujeres, injurien, difamen, discriminen, atenten contra su dignidad o propicien la desigualdad de trato o la violencia.
  • Violencia femicida: causar la muerte de una mujer por el hecho de serlo, o la de sus hijos u otras personas a su cargo, con el propósito de provocarle sufrimiento o daño.
  • Violencia comunitaria: transgredir derechos fundamentales de una o varias mujeres y propiciar su denigración, discriminación, marginación o exclusión, mediante actos individuales o colectivos en la comunidad.
  • Violencia institucional: toda conducta de cualquier autoridad, funcionario o personal público o privado, que discrimine o tenga como fin afectar los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, así como dificultar su acceso a las políticas y servicios destinados a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones de violencia.
  • Violencia étnica racial: agredir física o psicológicamente, tratar en forma humillante u ofensiva, en el ámbito público o privado, contra una mujer por su pertenencia étnica o en alusión a la misma.
  • Violencia doméstica: toda conducta que limite ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una mujer, por parte de una persona con la cual tenga o haya tenido una relación de parentesco, matrimonio, noviazgo, afectiva o concubinaria.

Procedimiento Judicial

La Ley establece el respeto de su dignidad, intimidad, autonomía, orientación sexual, identidad de género y a no ser discriminada.
Denuncia: toda persona que sepa de un hecho de violencia de género puede, por cualquier medio, comunicarlo al Tribunal o a la Fiscalía competente, que tomarán de inmediato las medidas que consideren oportunas, entre ellas asegurar a la víctima la asistencia de un abogado.
Audiencia: el Tribunal tomará audiencia dentro de las 72 horas de recibida la denuncia, previo informe de evaluación de riesgo del equipo técnico del juzgado. El denunciado está obligado a presentarse, pudiendo ser conducido por la fuerza pública. Si no se le pudiera ubicar o no concurriera, la audiencia se celebrará igual y se tomarán las medidas pertinentes. Las partes serán escuchadas por separado. En estos procesos se prohíben la mediación y la conciliación.

Medidas de protección


Medidas cautelares: para la protección de la vida, integridad física, emocional y libertad de la víctima, y la asistencia económica e integridad patrimonial de ella y de su núcleo familiar.

El tribunal podrá adoptar alguna de las siguientes medidas especiales, por el plazo que corresponda:

  • Ordenarle el cese de los actos que perturben o intimiden a la víctima.
  • Prohibirle comunicarse o relacionarse, por sí o a través de otras personas, con la víctima, sus hijos y demás afectados, testigos o denunciantes.
  • Disponer su retiro del domicilio común -no importando quien sea el titular del inmueble- y la entrega de sus efectos personales. Para el caso que la víctima haya salido del mismo a causa de la situación de violencia, disponer su reintegro.
  • Prohibirle o limitarle la presencia en el domicilio, lugar de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima, sus hijos o personas a su cargo. También pudiéndose disponer mecanismos de seguimiento para asegurar el cumplimiento de esta medida (tecnologías para la localización de personas u otros similares).
  • Incautarle las armas que tuviera en su poder y prohibirle su uso, tenencia o porte.
  • Disponer su asistencia obligatoria a programas de rehabilitación.
  • Si el agresor fuera el administrador de los ingresos económicos de una mujer en situación de discapacidad, disponer su sustitución.
  • Si la víctima otorgó al agresor mandato para la administración de bienes comunes, ordenar su revocación.
  • Prohibir que se disponga de los bienes de las empresas familiares sin el consentimiento escrito de la víctima o autorización judicial.
  • Ordenar la restitución de los objetos personales de la víctima, sus hijos o personas a su cargo.
  • Si la violencia se da en el lugar de trabajo de la víctima, ordenar al empleador disponer el traslado o suspensión del denunciado.
  • Ordenar a los organismos públicos u otras instituciones responsables, las prestaciones médicas, educativas o similares imprescindibles.

Otras cuestiones a resolver

Pensión alimenticia provisoria: a favor de la mujer y de sus hijos o personas a cargo, cuando corresponda.
Tenencia provisoria: de los hijos menores de 18 años de edad, los que en ningún caso quedarán a cargo del agresor.
Suspensión de las visitas: a los hijos menores de 18 años. Las que podrán reanudarse si el agresor ha cumplido las medidas impuestas y no comete actos de violencia durante al menos 3 meses. Como excepción, si lo solicitan los hijos y si se considera que no están en riesgo sus derechos, podrán disponerse visitas supervisadas .

Pena por incumplimiento

Si el agresor incumple las medidas comete delito que se castiga con pena de 3 meses a 2 años de cárcel.

Cese de las medidas

Antes del cese de las medidas se dispondrá una audiencia para evaluar la situación y determinar si corresponde que continúen, sean sustituidas o disponer su cese.


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